TONY BENGOA SE SOLIDARIZA CON LA GOBERNADORA SEVERINA GIL POR ATROPELLOS A EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES
DAJABÓN, RD.
El diputado por la provincia fronteriza, Tony Bengoa, se solidarizó con la gobernadora provincial Severina Gil ante lo que calificó como “acciones improcedentes y arbitrarias” del alcalde del municipio El Pino, Anxony Valerio, quien, según denuncias, habría impedido que empresas de telecomunicaciones repararan averías en su infraestructura alegando supuestas deudas de arbitrios municipales.
Bengoa afirmó con firmeza que ningún alcalde en la República Dominicana tiene facultad legal para detener o bloquear la reparación de redes de telecomunicaciones, recordando que este sector es considerado servicio público esencial y está regulado a nivel nacional.
“Un alcalde no puede atribuirse funciones regulatorias, ni suplantar a INDOTEL. Las telecomunicaciones no son competencia municipal; son responsabilidad exclusiva del Estado central”, expresó el legislador.
Base legal citada por el diputado
Bengoa recordó que la Ley General de Telecomunicaciones 153-98 establece:
• Las empresas de telecomunicaciones tienen derecho de acceso, mantenimiento e instalación de redes en la vía pública.
• Los ayuntamientos no pueden limitar ni obstaculizar la prestación del servicio.
• La única causa válida para ordenar la suspensión de trabajos es riesgo para la seguridad pública, no deudas municipales.
Procedimiento correcto para cobro de arbitrios
El legislador precisó que, si una empresa adeuda arbitrios, el ayuntamiento está obligado a seguir el proceso legal:
- Notificar formalmente la deuda.
- Invitar a conciliación o acuerdo de pago.
- Reclamar por la vía administrativa o judicial si persiste el incumplimiento.
“El cobro de arbitrios se maneja mediante procesos administrativos; no mediante obstrucción física ni abuso de autoridad”, puntualizó Bengoa.
🗣 Llamado al alcalde
El diputado exhortó al alcalde Anxony Valerio a ajustarse a las funciones que le otorga la ley, recordando que impedir la reparación de averías afecta:
• Las fuentes de empleos,
• La productividad de empresas y comercios,
• Los estudiantes y trabajadores remotos,
• Y el derecho de los usuarios a un servicio esencial.
“Obstruir el servicio de internet es afectar la economía y el bienestar de la población”, concluyó Bengoa.
